Artículo

Iré publicando textos bien redactados, en mi opinión, para los estudiantes del grado de Derecho, abogados, juristas y cualquier lector. A ver si entre todos mejoramos el lenguaje jurídico…

Esta vez, un artículo de hace unos años.

Los infranqueables límites de la huelga

La huelga desarrollada el pasado viernes 28 de julio por un sector del personal de tierra de la compañía Iberia del aeropuerto de Barcelona, y que ha tenido gravísimas consecuencias directas e indirectas en cientos de miles de viajeros, ha puesto una vez más de manifiesto la muy precaria situación en la que se encuentra en la actualidad no sólo la regulación del derecho de huelga, sino también su aplicación efectiva, especialmente en servicios esenciales tales como el transporte aéreo.

No ha sido la primera vez en la que hemos visto que un conflicto laboral origina un impacto absolutamente desmedido en un servicio público, afectando a derechos fundamentales de los ciudadanos y, si no se remedia, no será, previsiblemente, la última. Además de esta afectación de derechos fundamentales, no pueden olvidarse las enormes consecuencias negativas de carácter económico y de imagen que dicho conflicto tiene a nivel internacional para nuestro sector servicios.

La calificación jurídica de la huelga desarrollada ayer por dicho personal no tiene el menor asomo de duda: ha sido una huelga claramente ilegal, habiéndose violado todos y cada uno de los requisitos que para este tipo de conflictos prevé nuestra normativa vigente.

Así, no hubo el preaviso requerido, no hubo la convocatoria pertinente por parte de un comité de huelga convenientemente constituido, no hubo la notificación necesaria a la empresa y a las autoridades competentes, no ha existido la posibilidad de mediación obligatoria por parte de los órganos adecuados y, en fin, y sobre todo, no se ha dado la oportunidad de que se establecieran por la autoridad competente unos servicios mínimos que permitieran un desarrollo, a su vez mínimo –aunque no normal–, del transporte aéreo afectado.

En nuestro ordenamiento laboral, las así calificadas por los trabajadores huelguistas “movilizaciones espontáneas” no tienen cabida jurídica excepto en muy excepcionales situaciones que no concurren en este caso, máxime tratándose de un servicio tan esencial y en un período tan significativo como es el del comienzo masivo de vacaciones estivales.

Por todo lo anterior, estamos ante una huelga manifiestamente ilegal por el procedimiento seguido. Como tal, debería desencadenar sobre los huelguistas las consecuencias disciplinarias previstas en la ley y muy especialmente el despido de aquellos trabajadores que hayan participado activamente en la huelga. En aquellos casos en los que se ha formado, como requiere la ley, un comité de huelga, es sobre sus miembros sobre los que suele recaer esta máxima sanción del despido y no, nos dicen los tribunales laborales, sobre los trabajadores que meramente han seguido pasivamente la abstención en el trabajo, respecto a los cuales pueden recaer sanciones menores.

No obstante, hay que tener en cuenta que es difícil realizar esta distinción entre huelguistas activos y pasivos a efectos disciplinarios en una huelga ilegal como la que nos ocupa, en tanto que, junto a una abstención ilícita del trabajo, se ha producido una ocupación, también ilícita, de lugares esenciales para el desarrollo del tráfico aéreo. No parece posible que una ocupación de estos espacios en los que, por lo repentino de su ejecución, se ha puesto en situación de riesgo la seguridad del tráfico aéreo, pueda ser calificada de otra forma que no sea ilícita.

Por tanto, corresponde ahora a la empresa la difícil decisión de ejecutar unas sanciones disciplinarias laborales que nuestro ordenamiento jurídico posibilita. Ello sin contar con las más que probables responsabilidades civiles y, sobre todo, penales (delitos de coacción y contra la seguridad del tráfico aéreo) a las que pueden hacer frente dichos trabajadores. En todo caso, con independencia de la legitimidad o no de las reivindicaciones laborales de los trabajadores, es evidente para todo ciudadano que ha habido un ejercicio radicalmente desproporcionado de la huelga que no puede estar amparado por nuestras leyes.

 

SALVADOR DEL REY GUANTER

Socio director del Área Laboral de Cuatrecasas y catedrático de Derecho del Trabajo

30 de julio de 2006, Vivir, p. 7, La Vanguardia

 

 

 

 


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